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martes, 8 de enero de 2013

MARIO ORANTES CONTRA MONSEÑOR GERARDI

Juan José Gerardi Conedera (27 de diciembre de 1922 – 26 de abril de 1998),1 fue un obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser un defensor férreo de los Derechos Humanos en su país. Premio de la Verapaz del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica/Centro Cultural de España en Guatemala por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

Índice

Vida y sacerdocio

Descendiente de italianos, hijo de Manuel Gerardi y Laura Conedera, nació en la ciudad de Guatemala, en la 3ra calle y 17 avenida de la zona central, donde se observa aún una antigua casa de esquina, el 27 de diciembre de 1922. Fue el segundo de cuatro hermanos, Francisco Gerardi Conedera, Carmen Gerardi Conedera y Teresa Gerardi Conedera, todos ya fallecidos.
Estudió en el seminario de la ciudad y ganó una beca para estudiar teología en Nueva Orleáns, Estados Unidos. En diciembre de 1946 fue ordenado sacerdote y sirvió en varias áreas rurales de Guatemala, como Jalapa, San Pedro Sacatepéquez y Palencia, así como en la región de la ciudad capital. En 1967 fue electo obispo de la diócesis de Verapaz, lugar marcado por la pobreza y la exclusión social de los indígenas, residiendo en la ciudad de Cobán, la tercera más grande del país. En el cargo episcopal, él enfatizó los trabajos pastorales entre la población indígena maya de etnia q'eqchi. Aun, impartió misa en el idioma vernáculo de las comunidades de la diócesis, algo inusitado en la cultura de preponderancia caucásica de Guatemala. En la década de 1970 y a pesar de la entonces progresiva guerra civil, fue uno de los más acérrimos apologistas del reconocimiento oficial de los idiomas mayas de Guatemala y a la vez, su influencia permitió el establecimiento de dos emisoras de radio en lenguas mayas. Más tarde, en compañía de los padres benedictinos, creó el centro San Benito de promoción humana, que condujo a la transformación de muchos campesinos e indígenas en líderes de sus comunidades.2 El obispo fue trasladado en 1974 a la diócesis de El Quiché, pero continuó trabajando como Administrador Apostólico en las Verapaces.
En los primeros años de la década de los ochenta, El Quiché vio índices de violencia acentuados en la beligerancia entre el ejército de Guatemala y varios grupos armados de la subversión, registrándose crímenes masivos que incluso, se determinarían en años posteriores como genocidio. Cientos de catequistas católicos y dirigentes cristianos de pueblos y aldeas fueron brutalmente asesinados, la mayoría de los cuales pertenecían a etnias mayas.3 Gerardi solicitó repetidamente a las fuerzas militares que controlaran sus acciones, y sobre todo, que cesaran los actos de represión y crímenes en contra de la población civil. Su protesta se extremó tras una matanza de indígenas en Alta Verapaz, que soldados cometieron. Mientras sirvió en la Conferencia Episcopal de Guatemala, habló abiertamente acerca de la quema de la embajada de España en Guatemala, donde 39 personas murieron calcinadas con la participación comprobada del Estado de Guatemala.
Sería durante el episcopado en Quiché que el clérigo recibiría múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Ante la gravedad de las amenazas y los asesinatos de sacerdotes en la zona, decidió trasladarse a la ciudad de Guatemala, llegándose a considerar la clausura temporal de la diócesis. En 1980, monseñor Juan Gerardi fue llamado al Vaticano para asistir a un sínodo. A su regreso, se le prohíbe el ingreso al país, por lo que viaja a San Salvador, en donde no halló asilo, y finalmente a Costa Rica, desde donde, exiliado, siguió siendo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Al ser depuesto por un golpe de Estado el dictador militar Romeo Lucas García en 1982, Gerardi pudo regresar a Guatemala. El 28 de agosto de 1984, se le nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala y párroco de San Sebastián en la ciudad de Guatemala.

Comisión Nacional de Reconciliación

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala nombró a monseñor Rodolfo Quezada Toruño y a monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación. Ello llevaría a la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, (ODHAG), para ocuparse de las víctimas de la violencia de Estado y cualquier violación a los Derechos Humanos. En consecuencia, Gerardi inició el proyecto interdiocesano REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), que dirigió personal y comprometidamente, con intención de registrar por medio de testimonios y documentación la historia reciente de Guatemala, argumentando así que conocer la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura debía ser indispensable para la paz social en el país. Con motivos conciliadores, organizó encuentros entre la insurgencia, el Gobierno y los sectores civiles. En ese contexto, Gerardi tomó como responsabilidad personal la compilación de investigaciones y entrevistas para elaborar los reportes para recuperación de la memoria histórica durante el período de la represión militar, tras el final de la guerra civil y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
El día 24 de abril de 1998, el proyecto REMHI fue presentado, intitulado "Guatemala: Nunca más", en cuatro tomos. Gerardi diría: "Pero entre las expectativas y nuestro compromiso también se encuentra la devolución de la memoria. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etcétera, el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social". Este reporte exponía a miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría de crímenes al ejército de Guatemala.4 En las investigaciones se documentaron más de 54,000 violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1960-1996). La autoría de la mayoría de brutalidades, según pruebas fehacientes, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes, se le atribuyó a las fuerzas del Estado.
En el reporte retrospectivo se presentaron miles de testimonios recogidos en todo el país, que fueron relatando cuarenta años de memoria de represión: 150 mil guatemaltecos muertos, cincuenta mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, doscientos mil huérfanos, cuarenta mil viudas. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas. En el 90% de los crímenes, la responsabilidad era del ejército o de bandas paramilitares que se relacionaban con él.
El trabajo de recuperación histórica que Gerardi y su equipo realizaron, sería fundamental en las labores posteriores de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad auspiciada por la ONU, instalada en virtud de los Acuerdos de Paz de 1996. La comisión de Naciones Unidas llegó a conclusiones similares que el proyecto histórico que dirigió el obispo, responsabilizando al ejército de más del 90% de los crímenes perpetrados durante las cuatro décadas de confrontación política.
Cuando la comisión internacional presentó su propio informe, "Memoria del Silencio", en febrero de 1999, su coordinador, Christian Tomuschat, afirmó: "Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo profundo y complejo, que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos de esta nueva nación. Ocupa un primer plano en nuestra memoria, entre todos ellos, monseñor Juan Gerardi Conedera".

Asesinato

Dos días después de la publicación del informe "Guatemala: Nunca más", el 26 de abril de 1998, el obispo Gerardi fue salvajemente asesinado a golpes en el garage de la casa parroquial de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron aparentemente un bloque de concreto para destrozarle el cráneo, desfigurándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró sólo tras la identificación del anillo episcopal en su mano.5
Su cuerpo fue descubierto tendido en el garage por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien, sospechosamente, demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche. Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el clérigo intentó repeler el ataque. Las declaraciones de Orantes, posteriormente, serían erráticas y contradictorias. Las piernas del occiso estaban cruzadas a la altura de los tobillos y las manos entrecruzadas sobre el pecho. Cerca del cuerpo estaba el bloque de concreto triangular que factiblemente fue utilizado para cometer el crimen. Las inconsistencias y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en cintas de vídeo de la escena del crimen aparecía el fiscal analizando la presunta arma del delito sin guantes y caminando entre los charcos de sangre alrededor del cadáver. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en recipientes sin sellar.
A finales de mayo, la ODHAG, tras investigaciones, suministró el número de licencia de un vehículo que, en el registro alusivo, resultó estar al servicio de una base militar, que había sido visto por un testigo identificado, un taxista que luego sería secuestrado y tendría que salir al exilio, habiendo dado vueltas reiterativas ese automóvil alrededor de la parroquia la noche del crimen. Así, se vincularon los nombres del coronel retirado Byron Lima Estrada[1] y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscritos al EMP (Estado Mayor Presidencial, órgano de inteligencia militar), quienes, según la ODHAG, estaban aparentemente relacionados con el asesinato por una serie de información fundada que trascendió al poco tiempo, como anónimos que decían provenir de fuentes castrenses, testimonios presenciales, llamadas telefónicas con acusaciones, entre otras. Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron después de que se hiciera pública la relación con los militares.
La comisión que la presidencia de la República organizó para investigar el crimen, negó que el coronel retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima Oliva. El Gobierno, que había insistido con parcialidad evidente en que el asesinato se debía a un crimen común, no político, disolvió la comisión en julio.6 Una campaña constante e intensa de desinformación prosiguió, que aumentaría aun al proseguir la investigación, con complicidad de miembros de la fiscalía, y sobre todo, al dictarse sentencia por el asesinato.
Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de desconocidos y recibieron amenazas anónimas por teléfono. El 8 de junio del 2001, el poder judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi y responsabilizó, en calidad de autores mediatos, al coronel(r) Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera. El fallo judicial dejó abierto el curso para procesar penalmente a los miembros de la cúpula de poder del Estado Mayor Presidencial activa en abril de 1998.7 Los fiscales y jueces sufrieron serias amenazas y aun, varios de ellos debieron exiliarse. Asimismo, los testigos fueron presionados, habiendo atentados en contra de la mayoría de ellos. Sería determinante el testimonio de Rubén Chanax Sontay, un ex agente militar que afirmó haber sido informante de los servicios de inteligencia del ejército de Guatemala y cuya formación militar podía ser comprobada en fichajes del ejército. Había sido contratado para vigilar a Gerardi desde dos años antes del asesinato, haciéndose pasar por uno de los indigentes que pernoctaban en el parque ubicado al lado de la iglesia donde residía el prelado. Según Chanax, que luego saldría al exilio, la escena del crimen fue alterada por dos militares para desviar la acción de los investigadores. Custodiado por escoltas armados y amparado en un programa de protección de testigos a cargo de la fiscalía y sobre todo, de la cooperación internacional (MINUGUA), Chanax declaró ante el tribunal. Según relató, la noche del crimen, vio salir a Byron Lima sin camisa de la casa parroquial de San Sebastián. Luego, un vehículo recogió a Obdulio Villanueva, quien llevaba una cámara de video. "Me ordenaron que entrara al parqueo de la casa parroquial. Allí estaba monseñor Gerardi tirado en el suelo. Me ordenaron que arrastrara el cadáver y lo cambiara de posición. Luego, Villanueva me dijo que llevara papel periódico para limpiar el piso".8 Obdulio Villanueva fue asesinado en la cárcel, en sicariato palmario con ánimo de impedir potenciales responsabilidades penales, derivadas de haber declarado Villanueva.
La sentencia en primera instancia, acogida con aprobación tanto nacional como internacionalmente, se consideró un importante precedente concretado en el proceso de fortalecimiento del estado de derecho y en la lucha contra la impunidad, pues fue la primera sentencia contra elementos castrenses en un tribunal civil en la historia del país. Las apelaciones relativas fueron desestimadas. Los condenados solicitaron en el año 2010 la rendición judicial de penas, lo cual denegó la judicatura pertinente. 9
El escritor estadounidense Francisco Goldman publicó en el año 2008 el libro "The art of political murder" acerca de la muerte del obispo Gerardi, que ha sido considerado, entre los varios textos escritos, uno de los más rigurosamente fundamentados sobre el asesinato.10 El caso continúa abierto en la fiscalía guatemalteca. También el escritor Hondureño/Salvadoreño Horacio Castellanos Moya se ha referido a la muerte de Gerardi hacia el final de su novela "Insensatez", aparecida en el 2004.

Referencias

Véase también



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Orantes fue condenado a 20 años de cárcel por ejecución extrajudicial en grado de complicidad en el 2002, y recobró su libertad de manera anticipada por redención de penas y después de haber cumplido la mitad de la sentencia.
David Noguera, vicario judicial, informó que él encabezará el Tribunal Eclesiástico, acompañado por los sacerdotes Pedro Martinello, Gustavo Paredes, Víctor Patzán y Érick Trujillo, para la investigación, y que se reunirán mañana para definir cuándo citarán a Orantes para interrogarlo.
Juicio de cuatro fases
De acuerdo con Noguera, no se puede precisar la duración de un juicio eclesiástico, ya que dependerá de la información con que se cuente, en un proceso de cuatro fases específicas: investigación, formación del tribunal, valoración de pruebas e interrogatorio y resolución.
La primera ya está avanzada, porque se apoyarán en el trabajo que hizo el Ministerio Público (MP). La segunda se concretó ayer, con la integración del Tribunal.
La tercera etapa consiste en la valoración de las pruebas y en el interrogatorio que se hará al sindicado, quien contará con un abogado defensor, que debe ser parte del clero.
Al finalizar la tercera fase, cada miembro del Tribunal votará en secreto. El resultado definirá si Orantes es culpable o inocente. Luego se redactará un informe que debe ser enviado al Vaticano, que determinará si el acusado es expulsado de la Iglesia, explicó Noguera.
José Toledo, abogado defensor de Orantes en el juicio penal, solicitó a la Iglesia que no integre un tribunal inquisidor y no use las pruebas del MP.
Agregó que la calidad de sacerdote no se la pueden quitar, y que deberán probarse los supuestos delitos.
Short URL: http://www.guatevision.com/?p=1871
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 Homicidio
(Lat. homo, hombre, y caedere, matar)
Homicidio significa, en general, dar muerte a un ser humano. Sin embargo, en la práctica, la palabra ha llegado a significar el acto de quitar injustamente la vida humana, perpetrado por una persona distinta a la víctima, mediante un acto individual deliberado. No se hablará, por tanto, dentro del alcance del presente artículo, del suicidio, ni de la ejecución de la pena de muerte mediante un proceso señalado por la ley. Matar directamente a una persona inocente, obviamente, debe tenerse como uno de los pecados más horribles. Se dice que tal acción se comete cuando la muerte de una persona se percibe como un fin, o como un medio indispensable para alcanzar un fin deseado. La maldad de ese pecado se ubica primariamente en la violación al derecho supremo de Dios sobre la vida de sus creaturas. También en la ira que esa acción provoca al ser violado el derecho más visible y estimable del ser humano, el de la vida. ("La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: "No quites la vida del inocente y justo" (Ex 23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes". Catecismo de la Iglesia Católica, 2261). Para el objetivo del presente trabajo, una persona es inocente mientras no haya causado algún daño a la comunidad o a otro individuo mediante un acto responsable comparable a la pérdida de vida. Se llama homicidio indirecto cuando la muerte resultante no formaba parte del objetivo del agente, ni como fin ni como medio para otro fin. Según esta hipótesis, el dar muerte a otra persona es permitido exclusivamente ante la amenaza de un peligro equivalente a la destrucción de una vida humana. De ese modo, por ejemplo, un comandante militar puede dirigir sus armas contra un sitio fortificado a pesar de que esté perfectamente consciente de que ello conllevará casi seguramente la muerte de algún civil no combatiente. En tal caso, existe una razón suficiente al considerarse necesaria la derrota del enemigo para proteger el bien común. Cuando, sin embargo, la muerte de una persona es el resultado no deseado de una acción prohibida, precisamente por el alto riesgo que ésta encierra de causar un efecto fatal, entonces el actor de la misma deberá considerarse culpable en conciencia, a pesar de su falta de intención. Quien dispara un arma en un área populosa debe ser tenido como culpable de homicidio si alguna de sus balas causa la muerte a alguien, por más que quiera alegar que no tiene deseos de causar daño a alguien.
Es universalmente aceptado que uno puede defenderse violentamente de un ataque violento contra su vida o la de otro, contra su integridad física, su castidad o bienes materiales, incluso hasta llegando a dar muerte al agresor injusto, siempre y cuando no se rebase el límite de la justa defensa personal. En este caso debe tomarse nota de que (1) el peligro percibido en contra de si mismo o de otro debe ser real y, por así decir, inminente, y no meramente posible. No es justificable, entonces, el uso de la fuerza por parte de una persona para vengarse. Ello sólo correspondería a la autoridad pública. (2) No debe emplearse una violencia mayor a la necesaria para protegerse de un asalto en contra de los bienes enumerados más arriba. El derecho a la legítima defensa, tan universalmente reconocido, no exige necesariamente que se descubra en el agresor una premeditación culpable. Basta que se vea amenazada la vida, o cualquier otro bien comparable a la vida, por una acto fuera del cauce de la ley. En este contexto es válido dar muerte a un loco, o a un borracho fuera de sus sentidos, aunque no haya malicia de su parte, si eso constituye el único medio de detener su agresión. Santo Tomás afirma que es ilegítimo, incluso en defensa propia, buscar directamente la muerte de otra persona, o sea, buscar expresamente quitarle la vida. Su opinión es que el deseo formal de quien se defiende debe ser únicamente el de proteger su vida y rechazar el ataque, y que en lo tocante a la pérdida de la vida del otro, que puede ser consecuencia de su defensa, debe tener una actitud puramente permisiva. Esta opinión es rechazada por Juan de Lugo y otros que consideran justo buscar expresamente la muerte del agresor como medio para proteger la vida propia. El axioma que propone que ningún individuo puede matar a otro legítimamente por causa alguna está en concordancia con la doctrina tomista, pues en la legítima defensa uno no busca, hablando técnicamente, quitar la vida al agresor, sino detener su agresión. Según el Doctor Angélico es solamente mediante el debido ejercicio de la ley que una persona puede ser sometido a la muerte (En torno al homicidio en legítima defensa, cfr. Códice de Derecho Canónico (1986), 1323 y 1324; Catecismo de la Iglesia Católica (1992), 1737, 2263, 2264, N.T.).
A diferencia del daño causado por otro tipo de delincuentes, el homicida no puede retribuir adecuadamente a la víctima. Porque no puede devolver la vida que quitó. Pero obviamente está obligado a pagar a los herederos de la víctima el dinero que sea necesario para cubrir los gastos médicos en que se haya incurrido a causa de su crimen. Igualmente, a hacerse responsable del sostenimiento de los dependientes directos de la víctima, tales como esposa, hijos o padres. Y si llegase a ocurrir que el asesino muriese antes de cumplir estas obligaciones, de ellas deberá hacerse cargo quien herede sus bienes. No está claro qué obligaciones- de existir alguna- competen al homicida en relación los acreedores de la persona a la que asesinó. Pero parece justo que les pague lo correspondiente si se llega a probar que el fin que perseguía con el homicidio era causarles daño a ellos.
Aquella persona que ha matado a alguien en circunstancias que demuestren que su acto constituye un pecado mortal, ya sea que la muerte haya sido buscada directamente, ya sea indirectamente, y sin importar si esa persona sea la causa moral o material del crimen, queda afectada por el impedimento canónico conocido como irregularidad (Cfr. Código de Derecho Canónico, 1323, 1324, 1336, 1370,1397, 1398, N.T.). Antiguamente existían muchos castigos, censuras y otros, para quienes participaban causalmente en un asesinato. Con ello se entiende a aquellas personas que, por medio de la promesa de un pago u otro tipo de recompensa, expresamente comisionaban a hombres perversos para que matasen a alguien (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2268, 2269,2277, 2324, N.T.). El texto de la ley que versa sobre esta atrocidad hace referencia directa al caso de que algún no creyente fuese contratado para matar a un cristiano. El castigo que se imponía era la excomunión, que fue posteriormente substituida por otras penas. Por ejemplo, un criminal de ese tipo no podía invocar el derecho de asilo; si fuese un clérigo, debería ser degradado canónicamente y puesto a disposición del poder secular para que fuese ejecutado sin violar la inmunidad propia de su estado (Cfr. Código de Derecho Canónico, 1336 y 1350, N.T.). No está claro si también el asesino, que lleva a cabo el encargo de su patrón, deba también ser considerado en esas provisiones de la ley.
EN LA JURISPRUDENCIA CIVIL
De acuerdo a su significado en la jurisprudencia el homicidio es "la muerte de un ser humano a manos de otro ser humano" (J. F. Stephen, "Digest of the Criminal Law", Londres y Nueva York, 1894, 175; Wharton, "The Law of Homicide", 3ª. ed., Rochester, N.Y., 1907, 1), y "puede ser libre de culpa legal" (Serjeant Stephen, "New Commentaries on the Laws of England", 14ª. ed., Londres, 1903, IV, 37; Wharton, op. cit., 1). La más antigua forma de la lengua latina tenía numerosas expresiones para indicar el acto de matar a una persona, pero nunca usó el vocablo "homicidium", que pasó a formar parte del vocabulario en una época comparativamente posterior (T. Mommsen, "Le Droit penal Romain", traducción francesa., París, 1907, II, 324-5). La alusión que hace Horacio al criminal Héctor indica que ese término no connotaba la acción de un criminal (Epod., XVII, 12).
La ley inglesa dividía el homicidio no culpable en justificable y excusable. Un ejemplo del homicidio justificable se tiene en la "necesidad inevitable" de la ejecución de un criminal "después de la sentencia de muerte y en estricto apego a la ley" (Wharton, op. cit., 9). Ejemplos del homicidio excusable serían la muerte causada en un acto de defensa personal o la muerte accidental de una persona durante la realización de una acción legal y sin intención de matar a otro (Idem, op. cit.). Pero en sentido contrario a la doctrina jurídica que Sir William Blackstone (Commentaries on the Laws of England, IV, 186) deduce de Lord Bacon, la moderna ley inglesa no parece admitir la necesidad de auto preservación como excusa para matar "a un inocente e inofensivo vecino" (La Reina vs. Dudley y Stephens, English Law Reports, 14 Queen's Bench Division, 286). El homicidio que se realiza en circunstancias que ni justifican ni excusan el acto se cataloga como crimen de los llamados "felonía" (Bishop, "New Comment. on Crim. Law", Chicago, 1892, II, sec. 744). El homicidio felón, cuando es atribuido por la ley a la debilidad de la naturaleza humana y considerado como acto sin premeditación, es llamado "homicidio no premeditado", pudiendo ser una muerte voluntaria "en un arranque inesperado de pasión", o una muerte involuntaria "durante la realización de un acto ilegal" (Wharton, op. cit., 6). Cuando el homicidio culpable es acompañado de premeditación constituye un asesinato, un crimen cometido "cuando una persona en disfrute de sana memoria y juicio ilegalmente y con premeditación, expresa o implícita, mata a una creatura de razón que esté en paz con la sociedad o el soberano" (Wharton, op. cit., 2). Blackstone considera necesario explicar que la "paz del rey" es de un alcance tan universal que matar "a un extranjero o un judío o un bandido" (excepto el extranjero en tiempos de guerra) "es tan criminal como matar al más común de los nativos de Inglaterra". Pero añade (op. cit., IV, 198) que "matar a un niño en el seno de su madre no se considera hoy un asesinato sino una gran "conspiración" (El original inglés usa el vocablo "misprision", de uso arcaico en la ley inglesa para señalar o un crimen no reportado por quien debería hacerlo, o la comisión, por parte de un funcionario público, de un acto impropio, como impedir que alguien testifique en un juicio. Dicho delito no alcanza el grado de "felonía". N.T.). El asesinato más perverso, según Blackstone (op. cit., IV, 204), es al que la ley inglesa llama "pequeña traición", la muerte de un superior a manos de un inferior quien debe a aquél lealtad y obediencia. Tal crimen puede ser cometido, por ejemplo, por un clérigo contra su superior, por una esposa contra su esposo, por un sirviente contra su patrón. Esto actos, en la legislación actual, no se distinguen de otros homicidios [op. cit., IV, 203, nota en referencia a la edición de Lewis (Filadelfia, 1897), 204] (Bishop, op. cit., I, sec. 611). En la ley común inglesa el suicidio constituye un homicidio delictuoso (Wharton, op. cit., 587). Mas dado que el antiguo decomiso de bienes está siendo abolido, esta ofensa está más allá de los tribunales humanos (Bishop, op. cit., II, sec. 1187). Para que una persona pueda ser legalmente culpable de un homicidio criminal, la muerte resultante de su acto debe acontecer dentro del período de un año y un día después del atentado del que se le acusa (Bishop, op. cit., sec. 640). Aunque el código penal de la mayor parte de los estados de los Estados Unidos (excepto Luisiana) está basado en la ley común inglesa, se han realizado, sin embargo, numerosas e importantes modificaciones.
(Al estudiar este tema, la encíclica "Evangelium Vitae" de S.S. Juan Pablo II constituye una referencia indispensable. Igualmente, toda la enseñanza pontificia contemporánea en torno a la bioética, la clonación, la fertilización in vitro, etc. N.T.)
RICKABY, "Ethics and Natural Law" (Londres, 1908); IDEM, "Aquinas Ethicus" (Londres, 1896); SLATER, "Manual of Moral Theology" (Nueva York, 1908); BALLERINI, "Opus Theologicum Morale" (Prato, 1899).
JOSEPH F. DELANY/CHARLES W. SLOANE
Transcrito por M.E. Smith
Traducido por Javier Algara Cossío

The Catholic Encyclopedia, Volume I
Copyright © 1907 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Enciclopedia Católica Copyright © ACI-PRENSA
Nihil Obstat, March 1, 1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor Imprimatur +John Cardinal Farley, Archbishop of New York






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TERCERA PARTE
LA VIDA EN CRISTO
SEGUNDA SECCIÓN
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
CAPÍTULO SEGUNDO
«AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO»
ARTÍCULO 5
EL QUINTO MANDAMIENTO
«No matarás» (Ex 20, 13).
«Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No matarás”; y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal» (Mt 5, 21-22).
2258La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae,  intr. 5).
El testimonio de la historia sagrada
2259 La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín (cf Gn 4, 8-12), revela, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio: “¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien: maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano” (Gn 4, 10-11).
2260 La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre:
«Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre [..] Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre» (Gn 9, 5-6).
El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida (cf Lv 17, 14). La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos.
2261 La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida del inocente y justo” (Ex 23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes.
2262 En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21), y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla (cf Mt 5, 22-39), amar a los enemigos (cf Mt 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina (cf Mt 26, 52).
La legítima defensa
2263 La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. “La acción de defenderse [...] puede entrañar un doble efecto: el uno es la conservación de la propia vida; el otro, la muerte del agresor” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7). “Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno sólo es querido, sin embargo el otro está más allá de la intención” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7).
2264 El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal:
«Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita [...] y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otro» (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7).
2265 La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad.
2266 A la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión dem comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal: en la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable.
2267 La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas.
Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.
Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy [...] rara vez [...], si es que ya en realidad se dan algunos» (EV 56)
El homicidio voluntario
2268 El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo (cf Gn 4, 10).
El infanticidio (cf GS 51), el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades.
2269 El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro.
La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable (cf Am 8, 4-10).
El homicidio involuntario no es moralmente imputable. Pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla.
El aborto
2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida (cf Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1).
«Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado» (Jr 1, 5).
«Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra» (Sal 139, 15).
2271 Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral.
«No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido» (Didajé, 2, 2; cf. Epistula Pseudo Barnabae, 19, 5; Epistula ad Diognetum 5, 5; Tertuliano, Apologeticum, 9, 8).
«Dios [...], Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables» (GS 51, 3).
2272 La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (CIC can. 1398), es decir, “de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito” (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (cf CIC can. 1323-1324). Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad.
2273 El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación:
“Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 3).
“Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho [...] El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 3).
2274 Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano.
El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, “si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación [...] Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto: un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae 1, 2).
2275 Se deben considerar “lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual” (Instr. Donum vitae 1, 3).
«Es inmoral [...] producir embriones humanos destinados a ser explotados como “material biológico” disponible» (Instr. Donum vitae 1, 5).
“Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad” (Instr. Donum vitae 1, 6).
La eutanasia
2276 Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible.
2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable.
Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre (cf. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona).
2278 La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento terapéutico”. Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.
2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados.
El suicidio
2280 Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano Dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella.
2281 El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo.
2282 Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral.
Trastornos psíquicos graves, la angustia, o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida.
2283 No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida.
El respeto del alma del prójimo: el escándalo
2284 El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho; puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si, por acción u omisión, arrastra deliberadamente a otro a una falta grave.
2285 El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: “Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar” (Mt 18, 6; cf 1 Co 8, 10-13). El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos: los compara a lobos disfrazados de corderos (cf Mt 7, 15).
2286 El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión.
Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a “condiciones sociales que, voluntaria o involuntariamente, hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del Sumo legislador” (Pío XII, Mensaje radiofónico, 1 junio 1941). Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que “exasperan” a sus alumnos (cf Ef 6, 4; Col 3, 21), o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales.
2287 El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. “Es imposible que no vengan escándalos; pero, ¡ay de aquel por quien vienen!” (Lc 17, 1).
El respeto de la salud
2288 La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común.
El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez: alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia social.
2289 La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas.
2290 La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez, o por afición inmoderada de velocidad, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables.
2291 El uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas; constituyen una cooperación directa, porque incitan a ellas, a prácticas gravemente contrarias a la ley moral.
El respeto de la persona y la investigación científica
2292 Los experimentos científicos, médicos o psicológicos, en personas o grupos humanos, pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública.
2293 Tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos; sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento; tienen por tanto en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites.
2294 Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios de orientación no pueden ser deducidos ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que puede resultar de ella para unos con detrimento de otros, y, menos aún, de las ideologías dominantes. La ciencia y la técnica requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad; deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, conforme al designio y la voluntad de Dios.
2295 Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si, por añadidura, se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derecho sobre él.
2296 El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido, o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas.
El respeto de la integridad corporal
2297 Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y, mediante la amenaza, ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo, amenaza, hiere y mata sin discriminación; es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura, que usa de violencia física o moral, para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral (cf Pío XI, Cart enc. Casti connubii: DS 3722).
2298 En tiempos pasados, se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron, en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia; prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición, y orar por las víctimas y sus verdugos.
El respeto a los muertos
2299 A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo.
2300 Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal (cf Tb 1, 16-18), que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo.
2301 La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio.
La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo (cf CIC can. 1176, § 3).
La paz
2302 Recordando el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21), nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio:
La ira es un deseo de venganza. “Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar, es ilícito”; pero es loable imponer una reparación “para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia” (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 2-2, q. 158, a. 1, ad 3). Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad; es pecado mortal. El Señor dice: “Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal” (Mt 5, 22).
2303 El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. “Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial...” (Mt 5, 44-45).
2304 El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra, sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es la “tranquilidad del orden” (San Agustín, De civitate Dei 19, 13). Es obra de la justicia (cf Is 32, 17) y efecto de la caridad (cf GS 78, 1-2).
2305 La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el “Príncipe de la paz” mesiánica (Is 9, 5). Por la sangre de su cruz, “dio muerte al odio en su carne” (Ef 2, 16; cf Col 1, 20-22), reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su Iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. “El es nuestra paz” (Ef 2, 14). Declara “bienaventurados a los que construyen la paz” (Mt 5, 9).
2306 Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonio de caridad evangélica, siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes (cf GS 78).
Evitar la guerra
2307 El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la Bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra (cf GS 81).
2308 Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras.
Sin embargo, “mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa” (GS 79).
2309 Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez:
— Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.
— Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.
— Que se reúnan las condiciones serias de éxito.
— Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.
Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la “guerra justa”.
La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común.
2310 Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional.
Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento de la paz (cf GS 79).
2311 Los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas; éstos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana (cf GS 79).
2312 La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. “Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes” (GS 79).
2313 Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros.
Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios.
2314 “Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes, es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones” (GS 80). Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes.
2315 La acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más eficaz de los medios, para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión merece severas reservas morales. La carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de guerra, corre el riesgo de agravarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas siempre más modernas impide la ayuda a los pueblos indigentes (cf PP 53), y obstaculiza su desarrollo. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio.
2316 La producción y el comercio de armas atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por tanto, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomentan violencias y conflictos entre las naciones, y que comprometen el orden jurídico internacional.
2317 Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo, que existen entre los hombres y las naciones, amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra:
«En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo, el peligro de guerra; en la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra: “De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate” (Is 2, 4)» (GS 78).
2318 “Dios [...] tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre” (Jb 12, 10).
2319 Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo.
2320 Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador.
2321 La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común.
2322 Desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscado como un fin o como un medio, es una práctica infame (cf GS 27), gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana.
2323 Porque ha de ser tratado como una persona desde su concepción, el embrión debe ser defendido en su integridad, atendido y cuidado médicamente como cualquier otro ser humano.
2324 La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador.
2325 El suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento.
2326 El escándalo constituye una falta grave cuando por acción u omisión se induce deliberadamente a otro a pecar.
2327 A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. La Iglesia implora así: “del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos Señor”.
2328 La Iglesia y la razón humana afirman la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Las prácticas deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales son crímenes.
2329 “La carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable” (GS 81).
2330 “Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 9).